¿Cumplen las empresas con la LGD?

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1982 fue un año importante para la accesibilidad en nuestro país debido a que en el mes de abril se aprobó la Ley de Integración Social de los Minusválidos, más conocida como LISMI. Esta normativa supuso un gran cambio en la sociedad española ya que con la llegada de su publicación, se reconocía el derecho constitucional al trabajo para las personas discapacitadas, y se daba así solución al problema de exclusión que sufría este segmento de la población en el ámbito laboral.

La ley consistía en un sistema de cuotas por el cual todas aquellas empresas que contasen con una plantilla superior a los 50 trabajadores debían reservar un 2% de sus puestos a personas que presentasen una discapacidad igual o mayor a un 33%, para así fomentar la “inserción” laboral de los discapacitados en las empresas.

Si bien es cierto que este modelo permitió un gran avance en la materia, muchas empresas no cumplían la ley alegando diversas imposibilidades para llevarla a cabo. Con el fin de solucionar el problema, en el año 2000 el Real Decreto 27/2000  establece medidas alternativas con carácter excepcional que ofrecen a las empresas otras opciones para alcanzar el cumplimiento de la legalidad.

A pesar de la sustitución de este Real Decreto en 2005 por otro que simplificaba las alternativas, conforme van pasando los años y la sociedad se desarrolla, la normativa queda obsoleta. Es por eso que en el año 2014 se produce la unificación de varias normativas, donde se reescribe la LISMI dando paso a la actual Ley General de los derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social, conocida comúnmente como LGD (Ley General de Discapacidad).

Esta nueva ley no dista mucho de la anterior, el porcentaje del 2% permanece intacto y las alternativas excepcionales siguen representando una alternativa ante la imposibilidad de cumplir con la ley principal. No obstante se introducen modificaciones sobre todo en la terminología, por lo que la palabra “minusválido” será suprimida y sustituida por “persona con discapacidad”, e “inserción/integración” por “inclusión”.

A decir verdad, el sistema de cuotas que ampara la legislación ha permitido crear un modelo de inclusión más avanzado. Sin embargo, y a pesar de que se trata de una ley embrionaria que presenta muchos retos sociales, después de 34 años en vigor ¿podemos decir que las empresas españolas cumplen con esta ley?

Según un estudio realizado por la empresa LEIALTA en el año 2015, el 81% de las empresas de nuestro país no cumple con la Ley General de Discapacidad.

Este se traduce en que son un total de 18 mil empresas españolas las que actualmente no están poniendo en práctica esta normativa. Tras obtener como resultado esta alarmante cifra, el estudio amplió su campo de investigación para intentar averiguar cuáles son las causas que llevan a no cumplir esta ley.

Como resultado, se obtuvo que el motivo principal que llevaba a las empresas a no cumplir la LGD era el desconocimiento de la propia ley. El 70% de estas empresas que no acatan la normativa, no son conscientes de que están obligados a cumplirla y tampoco saben de qué forma deben llevar a cabo este proceso. Este desconocimiento se acentúa cuanto más pequeña es la empresa encuestada.

El 30% restante que reconoce sí conocer la ley, alega diversos motivos para no cumplirla entre los que destacan: la dificultad para localizar personas con discapacidad, resaltando las dificultades de acceso a las bases de datos especializadas y la ausencia de sistemas de cribas curriculares con este fin; la incompatibilidad de la discapacidad con el puesto de trabajo, ya que muchas empresas no encuentran puestos acorde con los perfiles de las personas discapacitadas debido a trabajos físicos intensos, desplazamientos frecuentes o ubicación de las instalaciones; los costes y labores de integración, debido al desconocimiento por parte de las empresas de las acciones necesarias para integrar a la persona con discapacidad en su puesto de trabajo y el aumento de la complejidad de la plantilla; y el mayor absentismo laboral, ya que consideran que las personas con discapacidad faltan más al trabajo, se ponen más veces enfermas, y tienen que acudir al médico con más regularidad.

Todos estos aspectos desembocan en un amplio desconocimiento de la legislación en sí por parte de los empresarios, ya que cuando se les explicaba en qué consistía la normativa y las ventajas, sobre todo económicas, que ésta lleva implícita, todas las empresas mostraron un amplío interés en sumarse a su aplicación y desarrollo.

El estudio también muestra un descuido por parte de las Instituciones, ya que el hecho de un porcentaje tan alto de empresas no conozcan la LGD es síntoma de una mala gestión de su divulgación y un escaso interés por asegurarse de que se lleve a cabo su cumplimiento.

A pesar de la existencia de un amplio grupo de personas y organización que velan por la inclusión de las personas discapacitadas en el mercado laboral, aún queda mucho trabajo por hacer, pero para ello es necesaria la implicación estatal y empresarial española, ya que sin ellos la ley puede seguir vigente y sin cumplirse otros 34 años más.